Redacción Alta Gracia- Se trata de Ivan Poletta, Secretario de Servicios Públicos y de Cristina Roca, Secretaria de Gestión Administrativa, quienes avalaron la contratación de dos personas involucradas en perfiles falsos de facebook. 

La polémica estalló el miércoles durante la sesión ordinaria del Concejo Deliberante. El edil Roberto Brunengo del radicalismo informó al cuerpo sobre la resolución de la Fiscalía de Alta Gracia en torno a la denuncia que hizo Leandro Morer en marzo de este año.

La denuncia tenía que ver con una serie de publicaciones que se realizaban agraviando tanto a ediles de la oposición como a la concejal Daniela Ferrari y al viceintendente Juan Manuel Saieg, sobre las posiciones que éstos tuvieron en torno al debate sobre al radicación del super Mami.

Finalmente Brunengo ayer dió a conocer que la fiscalía comprobó que quién está tras el perfil de «Mario Esperanza» e «Incrédulo AG» es Raúl Guillermo Tamborenea quien fue contratado por la municipalidad en enero de este año y estaría cumpliendo funciones como informático con un sueldo de 11 mil pesos mensuales. También está contratada desde enero su esposa, Martínez María S. en el área de Servicios Públicos con un sueldo mensual de 11 mil pesos.

«En este caso hay un particular y su esposa, pero quienes firman y certifican las tareas de estas personas dentro del municipio son el Secretario de Servicios Públicos, Ivan Poletta y la Secretaria de Gestión Administrativa, Cristina Roca. Esos dos funcionarios son responsabilidad exclusiva del Intendente Municipal, que además fue quien los designó. Si él no conocía esto, ahora lo está conociendo y no debe permitir que en su administración sucedan estas cosas. Pido que estos funcionarios sean separados de la administración pública», dijo Brunengo en declaraciones a Canal 2.

 

La resolución

La fiscalía elevó una resolución cuya argumentación se extiende por más de cuatro páginas. En la misma asegura que, de acuerdo a los allanamientos realizados después de la denuncia de Leandro Morer, se pudo comprobar la relación directa entre el contratado por la municipalidad Tamborenea con los mails y perfiles de «Mario Espenza» e «Incredulo AG».

«La resolución tiene dos partes- dice a este medio Roberto Brunengo- La primera es el resultado positivo del allanamiento y como este delito es de instancia privada no se tramita en Alta Gracia, archiva en parte la causa y da la posibilidad a Morer y su familia de iniciar las acciones legales.

La segunda parte y que sigue sujeta a investigación es a partir de la información que le acercamos al fiscal sobre la relación contractual entre esta persona y el municipio y  comprobar si esta gente además estaba cobrando para hacer la tarea de insultar a los dirigentes políticos que no se subordinaban a las ideas del intendente», explicó.

La lectura política

Más allá de un hecho que, como caratula la fiscalía, es de acción privada y tiene que ver con insultos, calumnias o conceptos agraviantes hacia una persona, lo que toma dimensión es que se trata de concejales tanto de la oposición como del oficialismo  y que a esto se le suma que los sujetos implicados trabajan en la municipalidad de Alta Gracia.

Daniela Ferrari de Unión por Córdoba expresó en el recinto que desconocía la resolución del fiscal. «Si realmente es cierto que (las agresiones) han salido de las computadoras de la Municipalidad y son esas personas, también le exijo al señor Intendente la renuncia de esas personas que están contratadas. Porque yo también fui agraviada al igual que usted señor presidente».

Video de Resumen de la Región

Foto: Archivo

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