Redacción Alta Gracia- Algunas estimaciones indican que el sábado se movilizaron unas 800 personas conmemorando el aniversario del golpe de Estado del 1976. Sorprendió la presencia del intendente Facundo Torres como así también la ausencia de todo el radicalismo local, desde concejales hasta miembros de la juventud que año tras año marcharon junto a todas las organización políticas y sociales de la ciudad. 

Alrededor de 800 personas marcharon desde el reloj público hasta la plaza mitre donde se realiza cada año la lectura del documento elaborado por los referentes del Colectivo Paravachasca por la Memoria.

Al inicio de la marcha, sorprendió la presencia del intendente Facundo Torres junto a su hermano Marcos y funcionarios del gabinete como Edgar Perez, Diego Barrientos, Marcelo Agazzi. Del bloque de concejales de Unión por Córdoba no hubo presencia como tampoco del sector delasotista.

Pero más llamó la atención la ausencia de absolutamente todos los referentes del partido de la Unión Cívica Radical quienes, durante los últimos años, participaron activamente en una actividad que es producto de la lucha incansable de los organismos de derechos humanos del país, en reclamo constante por la aparición de sus familiares e hijos apropiados y justicia a los responsables.

Quizá desde el gobierno nacional, que tienen como socios políticos a los radicales, les habrán «bajado línea» (como se dice en la jerga) para evitar vincularse. Lo partidario no deja ver lo político.

Participaron también organizaciones como la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos nodo Paravachasca, hubo intervenciones denunciando la apropiación de niños y niñas con la anuencia de la cúpula eclesiástica, Partido Socialista, La pluricolor, Artesanos de Plaza Solares, Murgas, Mumalas, Unidad Ciudadana, entre otros.

Durante la lectura del documento, las organizaciones pidieron al municipio a asumir un rol más activo en la promoción de políticas públicas de memoria y derechos humanos en Alta Gracia, el repudio a la prisión domiciliaria de Carlos Alberto “HB” Díaz, represor que vivió impunemente en Alta Gracia y que fue condenado a prisión perpetua en la Megacausa La Perla, entre otros puntos.

Este año, analizaron,  se profundiza la «Doctrina Chocobar»: Este marzo nos convoca a levantar la voz ante la escalada de violencia de parte del Esta»do Nacional, que no se conforma con agredir a los sectores en lucha. También ha dado pase libre a la policía para asesinar, so pretexto de resguardar la propiedad privada».

 

El documento

Un nuevo 24 de marzo nos convoca en Alta Gracia y el Valle de Paravachasca a 42 años del golpe cívico militar eclesiástico que azotó nuestro país. Miles nos movilizamos hoy para reafirmar el compromiso: con el sostenimiento de la memoria militante de nuestras 30 mil compañeras y compañeros detenidos desaparecidos, con la denuncia del terrorismo de Estado, y contra las políticas neoliberales que son el fundamento último de la represión, la violencia y el miedo como estrategias en política de Estado.

El contexto es hostil. El gobierno nacional descalifica y deslegitima permanentemente la lucha por Memoria, Verdad y Justicia; expulsa sus expresiones de los espacios oficiales, y pretende desmantelar las construcciones que durante cuatro décadas viene desarrollando a fuerza de lucha el pueblo argentino bajo el eufemismo de “la memoria completa” y la “resignificación de los Derechos Humanos”.

Con Mauricio Macri a la cabeza, la alianza Cambiemos pone en duda el número de 30 mil desaparecidos, niega el terrorismo de Estado y recomienda la prisión domiciliaria a un centenar de genocidas.

Este presente de hostilidad se enmarca en un contexto internacional de reestructuración capitalista que repercute en los gobiernos de la región. La exaltación de la xenofobia, el racismo, el clasismo decanta en la construcción del enemigo interno y legitima prácticas represivas.

La resistencia a estos modelos es ferozmente atacada por el aparato estatal o paraestatal, que persigue y asesina a dirigentes populares en la región. Esto se materializa en casos como el de la favelera Marielle Franco, acribillada a balazos en Brasil, y el de la dirigente indigenista Berta Cáceres, ultimada hace poco más de un año en Honduras.

También se observa en el permanente hostigamiento y asesinato de dirigentes campesinos, obreros y estudiantiles en Colombia, el ataque a los pueblos mapuches del sur de Chile y Argentina y el intento de debilitamiento del proceso popular en Venezuela.

Nos toca un marzo de denuncia en el que vibra el grito ahogado de Santiago Maldonado, empujado a la muerte por la Gendarmería Nacional, tras un operativo represivo en contra del reclamo de la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia Cushamen, que exigía la liberación del lonko Facundo Jones Huala.

A finales de noviembre, antes de que se cumplieran los cuatro meses del asesinato de Santiago, Rafael Nahuel fue fulminado por la Prefectura Nacional. El hecho fue negado, minimizado y justificado a través de un intento de criminalización del pueblo mapuche por funcionarios del Estado Nacional, entre ellos, la Vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, y la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Hace pocos días nos confirmaron que nos mintieron, el gobierno y sus medios afines, que Rafael no iba armado, que no había disparado, que no había restos de pólvora en sus manos. Y que fue fusilado por la espalda. Estos crímenes reaccionan contra una lucha histórica de recuperación de tierras que sostiene el pueblo mapuche desde hace más de un siglo.

Este marzo nos convoca a levantar la voz ante la escalada de violencia de parte del Estado Nacional, que no se conforma con agredir a los sectores en lucha. También ha dado pase libre a la policía para asesinar, so pretexto de resguardar la propiedad privada.
Durante la gestión de Patricia Bullrich al frente del Ministerio de Seguridad, los efectivos parecieran tener licencia para procesar, juzgar, sentenciar y aplicar pena de muerte sobre la ciudadanía a su antojo.

Lo que se ha dado en llamar “Doctrina Chocobar” es un intento de heroización de las prácticas de muerte que endiosan a los efectivos y los posicionan por encima de los derechos constitucionales de todo ciudadano.

El buen recibimiento de la actitud de los Chocobares, no sólo se cobra juventudes e infancias, sino que acaba por habilitar la violencia de los vecinos en hechos de linchamiento.

La imposición de un modelo económico que genera exclusión es otra forma de violencia por parte del Estado. El techo bajo de las paritarias en un contexto de inflación creciente, la apertura de importaciones y la desindutrialización, la toma de deuda indiscriminada, los aumentos tarifarios, la quita de medicamentos a jubilados y la quita de pensiones a personas con discapacidad, la flexibilización laboral encubierta y otras medidas antipopulares ponen en evidencia un modelo de crecimiento que deja afuera a las mayorías.

Un modelo de estas características avanza gracias a una connivencia de los medios de comunicación concentrados, que se vale del desprestigio de las cúpulas sindicales para estigmatizar la organización gremial y criminalizar la protesta social.

El último diciembre, en medio de una brutal represión que exhibió obscenos abusos, el Congreso logró aprobar vergonzosamente, con el apoyo de la mayoría de los gobernadores, el saqueo a jubilados, pensionados, ex combatientes y niños.

Como contrapunto, vale destacar la unidad en la resistencia generada entre sectores gremiales, partidarios y sociales, que en la calle mostraron un solo puño para tirar abajo el espejismo neoliberal.

Nos encontramos ante una democracia que amenaza las expresiones de disconformidad en las canchas, que calla a las voces críticas, que revisa redes sociales, sostiene presos políticos y persigue a opositores a través de las herramientas del Poder Judicial.

Este marzo nos encuentra unidos no solamente para conmemorar un nuevo Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia y repudiar las atrocidades cometidas durante la última dictadura cívico, militar y eclesiástica; sino también para encontrar puntos de articulación en un nuevo esquema de lucha ante los avances del neoliberalismo en Argentina y en la región.

El movimiento de mujeres, que se manifestó hace quince días con el multitudinario Paro Internacional, con demandas amplias y concretas señala un camino para incorporar la perspectiva de género en la resistencia, para entender al modelo capitalista también como machista y patriarcal.

De hecho, en estos días Alta Gracia asistió en una charla organizada por este Colectivo y el Ni Una Menos Alta Gracia, a testimonios que evidenciaron acosos, abusos y violaciones sufridas por mujeres durante el terrorismo de Estado. Hechos aberrantes que tardíamente se empiezan a juzgar en estos días.

42 años después, el 24 de marzo nos interpela con el desafío de recuperar los proyectos revolucionarios que atacó el terror: actualizarlos, traerlos al presente, volverlos insumos, reivindicarlos y llevarlos como bandera para la victoria.

El nombre de las organizaciones, Montoneros, PRT – ERP, PC, Vanguardia Comunista, PCR, PST, Resistencia Libertaria, OCPO; los nombres de nuestros desaparecidos, Carlos y Alicia D’Ambra, Hugo Pavón, Luis Agustín Carnevale; el de nuestros ex presos, Pedro Gaetán, Margarita Zeniquel, Juan Torres, que testimonian en los juicios por crímenes de lesa humanidad; el de Charo y Emi D’Ambra, faros en nuestra lucha… Tienen que habitar nuestras marchas, nuestras reuniones, nuestros reclamos para construir un nuevo paradigma en el que la humanidad no sea lobo de sí misma.

El Nunca Más se hace carne en esta lucha que habitamos y que debemos sostener, revisar y resignificar.

A 42 años del golpe de estado genocida, no olvidamos ni perdonamos
Porque asesinaron y desaparecieron, porque nos negaron la posibilidad de enterrar a nuestros muertos.
Porque saquearon al país, llenándose los bolsillos y enriqueciendo a sus cómplices civiles.
Porque nos quitaron derechos, libertades y garantías.
Porque nos robaron educación y cultura.
Porque nos quemaron los libros y la música.
Porque se robaron a los nietos y les negaron su identidad, su historia y el abrazo de sus abuelas.

A 42 años del golpe de estado:
 Repudiamos la prisión domiciliaria a Carlos Alberto “HB” Díaz, represor que vivió impunemente en Alta Gracia y que fue condenado a prisión perpetua en la Megacausa La Perla por dos hechos de privación ilegítima de la libertad, 413 privaciones ilegítimas de la libertad agravadas, 402 imposiciones de tormentos agravados y 207 homicidios calificados.
 Asimismo repudiamos la prisión domiciliaria del resto de los genocidas en todo el país
 Pedimos justicia por Jorge Julio López y Silvia Suppo, cuya desaparición y asesinato respectivamente, fueron obra de la reacción de los que quisieran volver a un país con impunidad, sin juicios de lesa humanidad, sin condenas a genocidas y sin políticas públicas de memoria.
 Repudiamos las amenazas que, en estos días, están sufriendo militantes sociales y políticos, y espacios de memoria. Estos hechos, lejos de amedrentarnos, nos motivan a seguir sosteniendo esta lucha por Memoria, Verdad y Justicia.
 Repudiamos todos los casos de gatillo fácil y abuso policial que traen al presente los resabios de la dictadura.
 Exigimos la libertad de todos los presos políticos y demandamos el esclarecimiento de la situación procesal de Milagro Sala.
 Instamos al Estado Municipal a asumir un rol más activo y participativo en la promoción de políticas públicas de memoria y derechos humanos en Alta Gracia.

Compartir esta noticia
(Visto 148 veces. 1 visitas hoy)

Comentarios

comentarios

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here