El Diario de Carlos Paz- El allanamiento que llevó adelante la policía  tras una orden emitida desde la fiscalía N° 3 a cargo de la doctora Jorgelina Gómez para desalojar una propiedad el pasado viernes tuvo un desenlace inesperado cuando los efectivos ingresaron al domicilio ubicado en la calle Florida al 200 y  se encontraron con un geriátrico clandestino con ocho abuelos, de los cuales, dos abuelos estaban en condiciones de ser hospitalizados.

La Fiscalía de Tercer Turno de Carlos Paz, a cargo de la doctora Jorgelina Gómez, ordenó desalojar una propiedad usurpada y cuando los efectivos ingresaron al domicilio ubicado en la calle Florida al 200,  se encontraron con un geriátrico clandestino con ocho abuelos, de los cuales, dos abuelos estaban en condiciones de ser hospitalizados.

Desde la Fiscalía confirmaron la información y señalaron que los otros seis abuelos fueron devueltos a sus familiares. Según se conoció, la causa comenzó el año pasado cuando un particular se presentó en la unidad judicial para denunciar que su propiedad había sido usurpada.

La Fiscalía le dio participación al Juez de Control y tras una apelación a la Cámara, la pasada semana el expediente regresó a la ciudad para dar cumplimiento a la reintegración de la propiedad a su dueño. El viernes pasado, la fiscal envió una comisión policial y de inmediato fue informada que en la misma se encontraba funcionando un geriátrico clandestino.

La residencia no contaba con la habilitación municipal, ni con los controles del órgano que regula su funcionamiento. Por ende, la mujer que explotaba el comercio no llevaba adelante las desinfecciones exigidas, ni la contratación de servicios de emergencia que se exige para estos casos, ni las medidas de seguridad que garanticen una rápida evacuación en caso de siniestros.

En el 2010, el gobierno de la provincia cambió el protocolo de control luego que ese año se incendiara un geriátrico en el barrio Cerro de las Rosas de la ciudad de Córdoba y murieran cinco abuelos. A partir de allí, los geriátricos para su funcionamiento no sólo deben tener habilitación municipal, sino además de este organismo de control.


Sorpresa e indignación

La noticia sobre el allanamiento a este negocio clandestino que albergaba ocho abuelos no tardó en causar indignación en los vecinos, al considerar que cualquier persona que contrata un servicio tan sensible para la vida de un ser humano debe consultar al menos si él mismo tiene las habilitaciones correspondientes.

En la sociedad perduran grandes debates sobre los funcionamientos de los geriátricos, ya que muchos con el tiempo se han transformado en grandes depósitos de ancianos que son literalmente olvidados por sus familiares.

Ante esta situación, la justicia obligó a la policía a localizar a los familiares de los abuelos y entregárselos mientras dos fueron hospitalizados. Uno de los oficiales que participó del allanamiento señaló que los dos abuelos que fueron llevados en ambulancias a centros de salud indicaron que nunca debieron estar en el geriátrico por las condiciones de salud que presentaban.

La misma fuente indicó que una persona que se identificó como nieto de una de las abuelas que debían ser reintegradas a la familia se quejó que en su casa no tenían ni el lugar ni las comodidades para asistir a su familiar, a la vez que pidió dejarla hasta el lunes o martes para ver cómo podía acomodar la casa de sus padres para trasladarla. Este familiar habría reconocido que todos sabían perfectamente que el negocio no contaba con la habilitación ni los controles sanitarios.

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