Hay 470 niños en Córdoba que nadie quiere adoptar

Rocío tiene 16 años. Hace poco, cuando hablaba con una de las líderes de una de las residencias, pudo encontrar las palabras para describir aquello que aún la corroe por dentro: “Me prometieron una familia, yo quiero que me adopten”.

¿Qué es adoptar? O mejor escrito, ¿para qué adoptar? ¿Para satisfacer el deseo de ser padre o madre? ¿O para intentar cambiarle la vida a un chico o un adolescente?

A Rocío hasta ahora nadie la quiso. Separada de su familia hace tiempo, ya que sus padres no tenían medios para construir con ella lazos sólidos, pasó a vivir en una de las 37 residencias que existen en la provincia de Córdoba para estas niñas y niños –y también quienes son un poco más grandes– que sufren la más duras de las amputaciones sociales

Allí, estas historias dolorosas, a veces crueles, se superponen. Aquellos que esperan ser adoptados. Los que ya no aguardan nada. Y los otros, los que creyeron tener una oportunidad y terminaron en otro fracaso que los excede, pero los daña más que a nadie.

Hace pocos meses, el matrimonio anunció que no lo soportaba más. Y “devolvió” a una residencia a un chico al que no hacía mucho habían logrado adoptar por vía judicial.

Lejos estuvo de ser una excepción. Se trata de un momento, de una decisión, que deja una tremenda huella indeleble en quienes la padecieron. Dos veces rechazados. Por la primera y por la segunda familia.

Otro adolescente, quien tiene un retraso mental, también fue “devuelto”. Con su hermano más chico fueron adoptados por una pareja que al poco tiempo dijo no lograr contenerlos. Y, por las dudas, insinuaron que el joven podría haber abusado del otro niño.

Los hermanos fueron separados, cada uno en una residencia distinta, y ya en su nuevo lugar, este adolescente quedó bajo la misma sospecha con respecto a otro joven con discapacidad también alojado allí.

Otro adolescente, quien tiene un retraso mental, también fue “devuelto”. Con su hermano más chico fueron adoptados por una pareja que al poco tiempo dijo no lograr contenerlos. Y, por las dudas, insinuaron que el joven podría haber abusado del otro niño.

Los hermanos fueron separados, cada uno en una residencia distinta, y ya en su nuevo lugar, este adolescente quedó bajo la misma sospecha con respecto a otro joven con discapacidad también alojado allí.

Hoy, su nombre figura de manera recurrente en expedientes por pedidos de paradero que se abren en diferentes unidades judiciales. Escapa de las residencias, lo encuentran en la calle a la deriva, vuelve a un centro del Estado y otra vez huye. Casi de manera infinita. Tal vez –piensan aquellos que intentan contenerlo– la idea de que lo salgan a buscar hace que él sienta que todavía es importante para alguien.

Su historia anterior a la tutela estatal es cruel.

Mochilas pesadas

Cada mujer y varón que llega a alguna de las 37 residencias de la provincia (14 oficiales y 23 Organizaciones en Gestión Asociada al Estado –OGA–) carga una enorme mochila repleta de rocas sobre sus espaldas. Están allí porque son producto de un fracaso del que ellos son las primeras víctimas: cuando traspasan el umbral de estas casonas que dependen de la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), ya no hay nada más que hacer para vincularlos con su familia.

En cada uno de estos casos, no alcanzó la intervención estatal con su núcleo más directo y, tampoco, con su familia ampliada (tíos o abuelos, por ejemplo). La Senaf constató que no había nadie que pudiera ocuparse de estos niños y niñas para asegurar el respeto de sus derechos más elementales.

Quedaron a la espera de una familias de acogimiento o de una adopción. Pero hoy están allí, en las residencias, que ya no son institutos ni orfanatos.

Son los casos más extremos, representados en 470 niños y adolescentes de hasta 21 años desparramados en las 37 residencias provinciales. Casi 500 biografías que son la punta de un iceberg mucho más profundo, construido sobre el sedimento de una marginalidad que más que económica termina por ser emocional, según la describe Flavia Vitali, responsable del área de medidas excepcionales de la Senaf.

“Se me va, se me escapa, se me droga, no lo puedo tener”. La impotencia de los padres no deja de asombrar a aquellos operadores territoriales. Allí, en los barrios de la provincia, por lo general en una periferia mucho más simbólica que geográfica, se produce el primer contacto, el intento inicial para evitar que estas historias terminen en una residencia.

También asoman las otras historias. Las que llegan por el colegio, por un vecino atento o por alguien que se animó a ver: abusos, golpizas, tratos denigrantes y hasta la mera indiferencia a tiempo completo.

Alguien llamó al 102 (Maltrato infantil); la Policía los encontró en la calle, a la deriva; alguna autoridad educativa se dio cuenta de que algo en la casa no andaba bien. Distintas alertas de un mismo drama.

¿Cómo están conformados estos núcleos familiares? Hay de todo. Padre y madre. Madre con padre preso. Abuelos a cargo con madre internada y padre ausente. Madres y padres con órdenes de restricción porque violentan a sus hijos de distintas formas. Padres que aceptan la intervención del Estado y que incluso parecen descansar cuando se toman estas medidas de separación y no intentan ninguna reacción. Pero, también, padres que se indignan, que no entienden la intervención oficial y que buscan por todos los medios continuar alimentando estos vínculos tóxicos con sus hijos.

Por lo general, los papás son jóvenes. Y la economía no termina por explicar todo. Los bolsillos están más que flacos, es cierto. Pero tampoco llegan la educación, la cultura, la recreación. La marginalidad no es sólo un asunto de billetera.

Niños y niñas que no fueron mirados. Y ahora les piden que miren.

Niños y niñas que no fueron cuidados. Y ahora les piden que se cuiden.

Niños, niñas y adolescentes a los que una sociedad les exige algo que nadie les dio.

Desde hace una década, en estos territorios en los que comenzaron a escribirse estas historias que interpelan de manera grotesca a cualquier política pública que se pretenda presentar como exitosa, los operadores de la Senaf advierten un factor que llegó para quedarse y que pervirtió todo aún más: la droga. Familias enteras atravesadas por el consumo de sustancias ilegales.

Doble rechazo

A este trauma, al dolor insoportable de que el Estado les indique que no tienen una familia como tal, que cada uno de ellos sobrelleva como puede, el sistema lo multiplica: en algunos casos, encontraron otra familia que los adoptó, pero meses después dijo no poder contenerlos.

El mismo círculo repetido con dos familias distintas. Cuando regresan a una residencia, por más que se esfuercen en que no se note, a la autoestima la arrastran por el subsuelo. Dos veces rechazados en sólo un puñado de años.

“En estos casos, que son muy dolorosos, se repite el circuito por el que se adoptó la primera medida: la imposibilidad de contenerlos”, insiste Vitali.

Cada uno de los nombres de estos 470 chicos que hoy viven en una residencia encabezan un expediente judicial. Jueces que se comprometen y jueces que burocratizan todo. A merced del azar en Tribunales.

Apenas se inicia la causa, a partir de cualquier de todas las alertas posibles, la Senaf recibe el primer aviso y todo el mecanismo se activa.

Los trabajadores territoriales del Estado llegan a la casa, tocan la puerta, pasan. El primer contacto, el más íntimo, es inmediato. Hablar. Y, sobre todo, escuchar. A los chicos y a quienes están a su cargo. Empezar a buscar estrategias de encuentro.

El artículo 34 de la ley de 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes indica: “Las medidas de protección de derechos tienen como finalidad la preservación o restitución a las niñas, niños o adolescentes, del disfrute, goce y ejercicio de sus derechos vulnerados y la reparación de sus consecuencias”.

En Córdoba, el artículo 42 de la ley 9.944 que apunta en la misma dirección, aclara cómo se debe proceder ante una situación de vulnerabilidad: “En ningún caso estas medidas pueden consistir en la separación de la niña, niño o adolescente de su familia nuclear, ampliada o con quienes mantenga lazos afectivos, a excepción de aquellas situaciones en que la permanencia en su medio familiar implique una amenaza o vulneración de sus derechos, debiendo en esta circunstancia adoptarse medidas excepcionales”.

La ley plantea plazos. Tiempos escritos que no saben de dolores callados.

Los trabajadores territoriales reconocen de inmediato las vulnerabilidades y las posibilidades de intervención. Pero se tienen que morder los labios y esperar. Cumplir con la norma. Mientras tanto, ellos, los chicos, quedan siempre allí, en el medio. Si son explotados sexualmente, golpeados o ignorados continuarán padeciendo esos sufrimientos hasta que se cumplan los plazos.

El protocolo marca que primero hay que buscar que la madre o el padre pueda asumir el compromiso de cuidarlo. Si no aparece, algún tío o un abuelo. Si ninguno de todos ellos accede, el fracaso es enorme: hijos de nadie, directo a la residencia.

“Sentir que la familia no puede, que no hay vínculos sanos, es muy duro”, advierte Valeria Amelotti, responsable de los centros de cuidados residenciales de la Senaf.

En las casonas estatales, estas biografías se cruzan. Se ponen en común y también se distancian. Cada caso es único, más allá de la estadística que los engloba. Algunos reciben visitas de sus padres o de alguien que se acerca para recordarles que los quieren, que los extrañan, pero que por ahora no pueden. Otros, ni siquiera eso. Se quedan solos.

No se trata de institutos ni de correccionales. Nada tienen que ver con el Complejo Esperanza, el centro para adolescentes menores de edad en conflicto con la ley penal que funciona en la periferia sur de la ciudad de Córdoba.

Por eso, conviene insistir en que las niñas, los niños y adolescentes de entre 0 y 21 años que habitan las residencias de la Senaf son víctimas y no victimarios.

De todos modos, según reconocen los responsables de estos lugares, cuesta que la sociedad y que los propios chicos lo entiendan así.

Se escapan muy seguido. Y aquí, aparece uno de los tantos grises que tiene la ley. No están privados de la libertad, pero si salen a la calle y no vuelven, de inmediato las autoridades tienen que denunciar en la unidad judicial más cercana para que se active un protocolo de búsqueda policial.

Por eso, los chicos hablan de “fugarse” y los responsables de cada residencia los retan: no se puede fugar alguien que no tiene su libertad restringida.

En una residencia de la zona norte de la ciudad de Córdoba, en los 10 primeros meses de 2018 hubo cerca de 90 “retiros” o “fugas” que tuvieron que ser judicializados para que se emitieran las respectivas órdenes de búsqueda de paradero. Una sola chica aparece en 20 de estos expedientes.

Algunos vuelven a sus casas, están unos días y regresan por sus propios medios a la residencia. Otros, buscan refugio en la vivienda de algún amigo. También están los que vuelven a la calle, a la esquina, a ese lugar en el que el tiempo pareciera no existir. Tal vez, en busca de lo que nunca tuvieron.

Porque la realidad los lleva a espacios que en muchos casos les provocan ardores. Al llegar a las residencias, los jóvenes están obligados a ir a la escuela. Aunque la idea oficial es restituir derechos, para muchos de ellos significa enfrentarse a otra humillación.

La contradicción parece enfrascarse en este sistema. La mayoría viene con un doble retraso escolar: cursos sin completar y carencias elementales al momento de leer y escribir. Ahora, tienen que arrancar en un colegio nuevo. Por lo general, los ubican en cursos con compañeros más chicos, quienes no sólo los reciben con la mirada desconfiada (el “estigma” de la residencia), sino que se burlan cuando advierten las carencias de formación del más grande recién llegado.

Trabajar la autoestima es clave. Muchos de ellos nunca dicen que viven en una residencia. Para esta nota, desde la Senaf se pidió que no fueran identificados, ni siquiera por el nombre. Una postura que dice mucho más de la mirada de la sociedad que la de los propios jóvenes.

Hoy y mañana

El presente, para estos chicos, es motivo para renegar. En una edad de pleno reconocimiento identitario, el duelo del origen es profundo, se trata de biografías incompletas, rotas, que muy de a poco se intenta curar. Psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales y coordinadores forman parte de los equipos que trabajan en cada residencia.

Pero el futuro está allí, agazapado: algunos no saldrán de este sistema hasta que cumplan 21 años. No serán adoptados ni se logrará encontrar a alguien de su familia directa o ampliada que pueda asegurarle sus derechos más elementales.

¿Y después qué? Hace pocos días se reglamentó la ley 27.364, que plantea el Programa de Acompañamiento para el Egreso de Adolescentes y Jóvenes sin Cuidados Parentales. Estudios nacionales alertan que estos jóvenes, una vez que cumplen ese edad y deben abandonar las residencias, se enfrentan a serios obstáculos para conseguir un trabajo o para continuar estudiando.

La idea, plasmada en la norma, es que cuenten con un acompañamiento más integral desde los años previos, y que desde esta manera los vayan preparando para esa “nueva” vida a la que se enfrentarán con muchos menos vínculos que la mayoría de los jóvenes de la misma edad. Por ahora, es sólo una buena intención.

Fuente: La Voz del Interior