Desde que el policía del Eter Enrique Pedraza (44) mató a sus hijos Morena (12) y Tobías (10) y se suicidó, en noviembre de 2013, la lupa se posó sobre los controles de la salud mental de los agentes de las fuerzas de seguridad. Paola Fernández, mamá de los niños, sostiene desde entonces el reclamo de mayor control para quienes porten armas.
Desde 2012, hubo en Córdoba al menos siete femicidios en los que participaron policías o militares, activos o retirados, y sus armas reglamentarias, vinculados con la muerte de mujeres en contextos de violencia de género.
María Soledad Torres (2012), Andrea Fernández (2013), Andrea Porta (2014), Celeste Montes (2016), Viviana Santillán (2017), Yuliana Chevalier (2017) y Deolinda Andrea Díaz (2018) son los nombres de las mujeres que pagaron con sus vidas.
El femicidio que conmovió en la madrugada del lunes a Despeñaderos aglutina una serie de variables que incrementan aún más la vulnerabilidad: el asesino trabajaba en la Policía, como también lo hacía la víctima, y ambos vivían en una localidad del interior, donde los resortes estatales de asistencia y prevención de la violencia de género son más endebles.
La legisladora Liliana Montero presentó en 2015 un proyecto para promover un Sistema Integral de atención en Salud Mental para las fuerzas de seguridad de Córdoba, pero jamás fue tratado en la Legislatura. “No sólo presenté un proyecto, sino que me he ofrecido infinidad de veces para colaborar en el diseño de una política integral en este sentido. Como psicóloga, me consta que las evaluaciones dentro de la Policía son blandas y que se dan en ocasión de ingreso o ascenso”, expresó.
Respuesta oficial
El director general de Recursos Humanos de la Policía, Marcelo Altamirano, aseguró que los efectivos tienen un acompañamiento psicológico especial a lo largo de su carrera profesional. Ese apoyo comienza antes de la graduación, con un equipo especializado que forma parte de la Policía y que actúa en escuelas de formación.
“Los docentes piden asistencia para determinados estudiantes, cuando detectan algunos patrones de conducta. Pero antes de que ingresen, realizamos un examen exhaustivo con test psicológicos de nuestro gabinete”, indicó el funcionario. Altamirano indicó que este año se inscribieron 15 mil jóvenes para ingresar a la Policía provincial, de los cuales apenas 1.500 pudieron comenzar su formación. Entre el 45 y el 47 por ciento no fue aceptado tras reprobar el examen de salud mental.
Una vez que egresan, se realiza un seguimiento continuo durante los dos próximos años. Los jefes de cada nuevo policía pueden solicitar la intervención del gabinete. Y mientras dura la carrera, los controles se mantienen mediante el aviso de los supervisores o los cursos de ascenso, que requieren nuevas pruebas de salud mental.
“Cuando notamos que algún efectivo no está bien emocionalmente, interviene el gabinete. Si se comprueba algún trastorno, le retiramos las armas y lo pasamos a tareas administrativas. Si su situación no mejora, le damos la baja”, agregó. El funcionario dijo que la dependencia Bienestar Policial está encargada de brindar apoyo para familiares de policías que sufrieron traumas, así como a mujeres en riesgo de violencia.
Fuente: La Voz del Interior
