Cba24n- Tras 15 años de espera el proceso oral de la denominada “Causa Madre” se iniciaría el 31 de marzo de 2020. La primer condena fue en 2012.

La Cámara 12 del crimen fijó el martes 31 de marzo de 2020 como la fecha tentativa para el inicio del juicio de la llamada “Causa Madre” por las fumigaciones presuntamente ilegales realizadas en barrio Ituzaingó.

Aunque la fecha por el momento es tentativa y podría llegar a modificarse en función a la cantidad de procesos que lleva adelante la Cámara, en principio sólo serían pocos días por lo que el inicio del juicio no debería extenderse más allá de abril del año próximo.

Así lo confirmó Darío Avila, uno de los abogados querellantes, a Radio Universidad.

“Se van a juzgar los hachos ocurridos en marzo de 2004 y se suma otro caso de marzo de 2007 ocurrido en la comuna de Los Cedros en ambos casos se violaron las normas que establecen que no se pueden realizar fumigaciones a menos de 2500 metros de distancia de las zonas pobladas”, aseguró Avila.

El abogado explicó además que en el caso que se suma por lo acontecido en la comuna de Los Cedros, hay más de 40 querellantes y tiene la particularidad de que hay dos ingenieros agrónomos imputados que son dueños y directivos de la empresa Tecnocampo.

Durante las audiencias se juzgará al productor agropecuario Francisco Parra y el aeroaplicador Edgardo Pancero que ya fueron condenados en el primer juicio por fumigaciones en 2012, y a ellos se sumarán Gustavo Peralta -que trabajaba para Pancero- y los hermanos Javier y Fernando Amuschástegui, junto a Alejandra del Carmen Mendizabal Pizarro, de la firma Tecnocampo.

Los imputados están acusados por el presunto delito de “contaminación ambiental dolosa” por haber violado la ley 24.051 de Residuos Peligrosos.

Primera condena

El 22 de agosto de 2012 la Cámara I del Crimen condenó al productor agropecuario Francisco Parra y al aeroaplicador Edgardo Pancello a tres años de prisión condicional por Contaminación Ambiental tras la aplicación de pesticidas en cercanía de zonas pobladas en barrio Ituzaingó Anexo.

El emblemático juicio se convirtió en el primero en el mundo en dictaminar condena efectiva por fumigaciones con agroquímicos ya que el inédito fallo determinó por primera vez que fumigar con agrotóxicos es un delito.

Tanto Parra cómo Pancello recibieron condenas de 3 años de prisión condicional en el primer juicio por lo que si volvieran a ser condenados en este nuevo proceso, lo más probable es que deban cumplir sus eventuales penas con prisión efectiva.

Causa Madre

En el año 2002, luego de numerosos reclamos de vecinos y fundamentalmente de las madres de niños con enfermedades, se declaró el área sureste de la ciudad de Córdoba donde está ubicado barrio Ituzaingó en emergencia sanitaria y se sancionó una ordenanza que prohibía la aplicación de agroquímicos a menos de 2.500 metros de las viviendas.

Pese a la prohibición y de acuerdo al expediente, el 2 de marzo de 2004 el productor Francisco Parra ordenó fumigar sobre un campo sembrado con soja ubicado en el Camino a Capilla de Los Remedios en el kilómetro 8 1/2, a sólo 400 metros de las viviendas de barrio Ituzaingó, es decir violando la normativa vigente.

El barrio había sido declarado en emergencia por un brote de enfermedades, la mayoría de ellas oncológicas en un radio relativamente pequeño de viviendas del sector.

Un estudio oficial analizó los casos de 142 niños del barrio y encontró presencia de agrotóxicos en el organismo de 114 de ellos.

En 2004, Sofía Gatica realizó la primera denuncia formal ante la justicia por la aplicación de agrotóxicos en un campo muy cercano al barrio. Algo que pudo ser comprobado tras un allanamiento en el que se encontraron restos de agrotóxicos en las instalaciones del campo y en los cultivos.

Cuatro años después se sumó otra denuncia formal a la causa que investigaba el Carlos Matheu por otra fumigación realizada por una avioneta, nuevamente en campos ubicados en proximidades de barrio Ituzaingó Anexo. En este caso la denuncia fue formulada por Medardo Avila Vásquez, quien en ese momento se desempeñaba como funcionario de la Municipalidad de Córdoba.

La primera condena de 2012, terminó confirmando que el uso de los agroquímicos glifosato y endosulfán contaminaron el ambiente y afectaron la salud de los vecinos del sector.-

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