Por Claudia Moreno- Tres móviles policiales, guardia de Infantería, agentes de civil y más vehículos policiales fueron necesarios para decirle a 34 familias de Anisacate que debían garantizar la limpieza de los lotes que pertenecen a un privado y que nueve de ellos estaban imputados por «turbación de la posición». Mientras los Estados no ponen en agenda el derecho a la tierra y la vivienda, los delitos de «usurpación» y la mano larga de las grandes constructoras siguen tiñendo las crónicas policiales. 

«Este es un problema entre privados», le dijo un jefe comunal a un grupo de vecinos que reclamaban por su legítimo derechos al acceso a la tierra. Un problema entre un privado – empresa constructora-  y otro privado- una familia joven con niños correteando atrás de un perro cuzco. Esta es una escena que se repite a lo largo y ancho de la provincia de Córdoba y tiene miles de nombres y apellidos.

Concretamente en Villa del Río, a pocos kilómetros del centro neurálgico de la ciudad de Anisacate un grupo de unas 34 familias viven en lotes que pertenecerían a un familiar del gobernador De la Sota quien los adquirió de una manera poco clara y que fuera objeto de una investigación periodística por parte del equipo de ADN

«Los lotes en disputa se encuentran en tierras fiscales que fueron vendidas en 2007 de manera polémica por Córdoba Bursátil, la Sociedad de Bolsa de la Provincia de Córdoba.
Una investigación del programa ADN de Canal 10 acusa que la venta se realizó de forma fraudulenta y estaría implicado un familiar de Carlos Laje, ex yerno de De la Sota.
No sólo no se realizó una licitación para vender las tierras en cuestión, sino que el pago efectuado por la empresa IMPETRA S.A. fue irrisorio teniendo en cuenta el valor de las tierras.
Marcelo Agustín Laje, tío de Carlos y titular de la desarrollista, accedió a las tierras fiscales abonando 565 mil pesos a Córdoba Bursátil, cuando el valor estimado de los terrenos se elevaba a 20 millones de pesos.
En este contexto, vecinos ocuparon una porción de tierras y ejercen desde hace aproximadamente 5 años la posesión de las mismas.» (Cba24n)

EL HECHO

En diálogo con REDACCIÓN ALTA GRACIA, Zaida Palminio describió que «en las primeras horas del día (viernes 4 de diciembre) se presenta la policía de la zona con la Infantería con la orden de imputar a nueve vecinos por la turbación de la posesión emanada desde la fiscalía de (Emilio) Drazile y la posibilidad de imputar a quienes estén en la zona. Se presentó el jefe de la departamental, Comisario González diciendo que ellos también van a garantizar el trabajo de máquinas de limpieza dentro de los lotes de los vecinos»

En este marco, durante toda la jornada la fuerza policial estuvo dentro de los lotes que habitan los vecinos garantizando que la empresa contratada por el supuesto dueño de las tierras, limpie o desmalece mientras se advertía los vecinos que no ingresaran a sus casas ni que tocaran nada de ellas.

«Fue una situación confusa porque quedó la policía custodiando que la empresa ingrese a los domicilios mientras nosotros mirábamos desde afuera y de esto no había ninguna orden»

«En la zona tenemos permanentemente móviles que pasan, policías de civil que dan vueltas, miran, están armados y es lógico que tengamos miedo porque todos somos familias que trabajamos, cuidamos nuestro medio ambiente, sólo necesitamos como todo el mundo un techo donde poder criar a nuestros hijos» – dijo Zaida.

La desigualdad en el acceso a la tierra lleva décadas, siglos de ineficacia en políticas de Estado. El Capital es el origen, la razón de ser, el objeto y objetivo para que estas «desigualdades»  sigan el curso normal de su existencia. Pero quizá el cambio ante este Goliat es la apropiación del derecho que nos asiste como seres humanos y en la organización social y comunitaria para el logro de los objetivos está la herramienta

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