La Nueva Mañana– Los trabajadores agrupados en el Sindicato de Peones de Taxis realizarán un paro desde las 8 en «vigilia» antes de la votación en el Legislativo municipal.

El Concejo Deliberante tratará este jueves un proyecto para cambiar la escala de penalidades para el transporte ilegal. En ese sentido, se analizará el incremento del monto de las multas a conductores de «taxis y remises truchos», como así también a choferes de Uber.

Se esperan ademas distintos cortes en la terminal N°1 y N°2 y el aeropuerto, habrá marchas y protestas además en varios lugares de la ciudad. Los puentes a cortar según se informó en la noche del miércoles serán el Centenario, Alvear, Sarmiento y Maipú.

En ese contexto, taxistas agrupados en el Sindicato de Peones de Taxis realizarán un paro desde las 8 en «vigilia» antes de la votación en el Legislativo municipal, que empezaría a sesionar desde las 9.30.

A través de una nota dirigida al secretario de Servicios Públicos de la Municipalidad de Córdoba, el fiscal Raúl Garzón solicitó que se determinen “las medidas administrativas pertinentes, de acuerdo al poder de Policía que detenta, conforme a la ordenanza que regula el servicio público de taxis y remises”.

Cabe destacar que Garzón está a cargo de la Instrucción de las situaciones conflictivas en el plano judicial que deriven de las protestas sociales en la ciudad. En ese marco, dictaminó que no se permitirá realizar cortes totales ni en calles, ni en puentes.

Por su parte, desde el municipio emitieron un comunicado en respuesta del pedido judicial y afirmaron que “se han desplegado acciones a los fines de la detección y remoción de vehículos que realicen transporte de personas sin certificado habilitante, en un todo de acuerdo con las normas municipales”.

Asimismo, recordó que “la utilización de un vehículo habilitado como servicio público para obstaculizar, obstruir o impedir la libre circulación por la vía pública, será sancionado con la caducidad de la licencia” para realizar esa labor y la inhabilitación por el término de cinco años para brindar cualquier tipo de prestación en ese orden.

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