Redacción Alta Gracia– La iniciativa de la concejala Karina Pedernera, del bloque Frente por Anisacate, propone adecuar la legislación local, a la nacional y provincia, en materia de violencia de género.

Entre los considerandos del proyecto de ordenanza que ingresó al Concejo, explica que las Naciones Unidas reconocen que “el maltrato a la mujer es el crimen más numeroso del mundo” y en su Declaración de 1993 definen el maltrato de género como: “Todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida pública como en la vida privada.

Es por ello, que propone un régimen de licencia especial – con goce de sueldo- a agentes de la Municipalidad de Anisacate, que estén pasando por un proceso de «violencia de género» y sea comprendida en el marco de la legislación.

Además indica que el Departamento Ejecutivo Municipal «realizará las acciones tendientes a garantizar herramientas, medidas y recursos con el fin de brindar contención a las trabajadoras que hagan uso de dicha licencia. Así como también la readecuación del tiempo de trabajo o el lugar de prestación del mismo».

PROYECTO COMPLETO

ESTABLECIMIENTO DE RÉGIMEN ESPECIAL DE LICENCIA POR VIOLENCIA DE GÉNERO

VISTO

La Ley Nacional Nro. 26.485 de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, la Ley Provincial Nro. 10.401, y la necesidad de establecer un marco de protección legal ante situaciones de violencia de género, garantizando la continuidad laboral para las trabajadoras municipales.

CONSIDERANDO:

Que las Naciones Unidas reconocen que “el maltrato a la mujer es el crimen más numeroso del mundo” y en su Declaración de 1993 definen el maltrato de género como: “Todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida pública como en la vida privada.”

Que la violencia de género es un flagelo que azota no sólo a nuestro país, sino al mundo entero, con cifras escalofriantes sobre el número de mujeres que sufren por este delito, que aumentan año tras año a pesar de la introducción de leyes y campañas de concientización, para acabar con el maltrato como las de NI UNA MENOS.

Que durante los últimos años se han adoptado en nuestro país diversas medidas y sancionado y reglamentado distintas leyes tendientes a erradicar la violencia contra las mujeres. Tal es el caso de la Ley 26.485 sancionada en 2009, de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos que desarrollen sus relaciones interpersonales, y que aborda distintos tipos de violencias ejercidas entre las que se incluyen la doméstica, la institucional, la obstétrica, la mediática y la laboral.

 Que dicha Ley define a la violencia como toda acción u omisión que, de manera directa e indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes.

Que esta definición fue de gran ayuda para avanzar judicialmente en la penalización de un delito que hasta entonces no se encontraba tipificado, pudiendo de esta forma juzgar dentro de este marco a los miles de hombres que diariamente ejercen violencia contra las mujeres en nuestro país.

Que asimismo las mujeres que experimentan violencia sufren de una variedad de problemas psicológicos y de salud que disminuyen su capacidad para participar en la vida pública y sobre todo en el ámbito laboral, por lo que es necesario seguir ampliando la legislación vigente para comprender las distintas situaciones surgidas como consecuencia de estos hechos.

Que los derechos laborales deben proteger a las mujeres víctimas de violencia de género, debiendo ampliar su ámbito de aplicación, ya que, en muchas ocasiones, las víctimas de violencia de género se ven imposibilitadas de concurrir a su puesto de trabajo, o por una cuestión de vergüenza ocultan los hechos ocurridos y hacen uso de licencias por enfermedad, o incluso renuncian al mismo.

Que, en la actualidad, las trabajadoras que padecen violencia de género deben recurrir a vías alternativas para justificar el ausentismo laboral. La falta de previsión normativa respecto de licencia por violencia de género implica un vacío legal y es responsabilidad del Estado de permitir visualizar esta problemática social sin disfrazarla y de garantizar la estabilidad laboral.

Que mantener la fuente de trabajo permite a las mujeres víctimas de violencia, contar con los medios necesarios para garantizar su independencia económica y, por tanto, resulta indispensable dictar la normativa necesaria para proteger sus derechos laborales.

Que el presente Proyecto tiene como objetivo promover y garantizar derechos a trabajadoras del sector público local en situación de violencia de género.

POR ELLO,

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ANISACATE SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA

ARTÍCULO 1°: ESTABLÉZCASE el Régimen Especial de Licencia por Violencia de Género con goce íntegro de haberes para agentes del género femenino, que se desempeñen en el sector público de la Municipalidad de Anisacate.

ARTÍCULO 2°: ENTIÉNDASE por violencia contra las mujeres la definición contenida en el Art. 4° de la Ley Nacional N° 26.485, “se entiende por violencia contra las mujeres toda conducta, acción u omisión, que, de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basado en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes.”

ARTÍCULO 3°: La trabajadora que sufriera violencia de género y debiera ausentarse de su trabajo por tal motivo, debido a su situación física o psicológica, dichas faltas o licencias serán consideradas justificadas cuando así lo determine el organismo municipal encargado de la asistencia a las mujeres en situación de violencia. En igual sentido, serán justificadas las faltas de puntualidad en el horario de trabajo.

ARTÍCULO 4°: La licencia con goce de sueldo tendrá vigencia a partir de la denuncia y comunicación de la situación de violencia ante las autoridades del área en la que presta servicio, debiendo en el plazo de 48 horas presentar ante dichas autoridades la certificación emitida por el organismo municipal de asistencia a las mujeres en situación de violencia y el plazo de licencia correspondiente.

ARTÍCULO 5°: La trabajadora podrá hacer uso de la Licencia Especial por Violencia de Género por un período de hasta 30 días hábiles que podrán prorrogarse, previo dictamen del organismo municipal encargado de la asistencia a las mujeres víctimas de violencia de género, por el tiempo que este lo estime necesario.

ARTÍCULO 6°: El Departamento Ejecutivo Municipal realizará las acciones tendientes a garantizar herramientas, medidas y recursos con el fin de brindar contención a las trabajadoras que hagan uso de dicha licencia. Así como también la readecuación del tiempo de trabajo o el lugar de prestación del mismo, sin que ello afecte los haberes que percibe la trabajadora.

ARTÍCULO 8°: La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de su promulgación.

ARTÍCULO 9°: COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE.

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