La Nueva Mañana- Familiares de víctimas de abuso hacia las infancias en instituciones educativas adelantaron que harán la denuncia el próximo miércoles 8 de julio.

El próximo miércoles 8 de julio, a las 9, familiares de víctimas de abuso hacia las infancias en instituciones educativas presentarán una denuncia ante la Senaf exigiendo su inmediata intervención en la fiscalía de Alicia Chirino y el cuerpo técnico de peritos.

Según informaron a La Nueva Mañana, la denuncia es «por aplicación del falso SAP, impidiendo que niñas y niños víctimas de abuso sexual hacia las infancias accedan al derecho de dar su testimonio y ser escuchados en Cámara Gesell».

«El pasado día 24 de junio, la fiscalía a cargo de Alicia Chirino se expidió negando  la posibilidad de acceder a Cámara Gesell a un menor que sufrió abusos sexuales en el Jardín Maternal Municipal Casita del Hornero. Mediante eufemismos, la fiscalía y su equipo de peritos, a cargo de Laura Beltramino, utilizan el falso síndrome de alienación parental (SAP) e intentan bloquear la justicia en la causa, que reúne en total siete denuncias, de las cuales las otras 6 esperan poder acceder a esa instancia», indicaron a través de un comunicado.

Además, destacaron que el falso SAP ha sido rechazado por la OMS y todos los organismos de cuidado de la salud por carecer de toda validez científica, y funcionar como un instrumento que niega derechos a niños, niñas y adolescentes.

«La fiscalía de Chirino y su equipo técnico lo han aplicado para archivar una de las siete causas del abuso sufrido por niños y niñas de 3 y 4 años en el Jardín Los Horneros. No es la primera vez que de este modo la fiscal desconoce los testimonios de víctimas de abusos en instituciones educativas: es la responsable de la impunidad en los abusos del Jardín Juan Gaviota y la causa Collegium, donde archivó nada menos que 16 denuncias por las mismas razones, resolución que fue apelada en una instancia superior y se ordenó desarchivar» , apuntaron.

Y por último agregaron: «La sociedad cordobesa no merece que los abusadores circulen impunemente en instituciones educativas de la ciudad. Los niños y niñas no mienten, y la justicia de Córdoba debe garantizar sus derechos».

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