Mi Valle- Se trata de uno de los emprendimientos más reconocidos y bien posicionados del país. Habrían tomado la decisión de dejar de pagar amparados en el «apoyo deportivo y social» que produce la cancha. Además, y pese a la orden judicial que data del 2017, sigue obstaculizando el curso de agua con alambres.

Cajoneado o guardado esperando la oportunidad de ser aprobado, se encuentra en el Concejo Deliberante de Alta Gracia el pedido de eximición de impuestos de la cancha de golf de Potrerillo de Larreta, firmado por el dueño del lugar.

Foto Luciano Gualda

En él se le solicita al Ejecutivo «la eximición del pago de la tasa por Comercio e Industria (…) de las parcelas afectadas a la actividad y/o promoción turística»; y además, pide que se «exima de impuestos de servicios municipales por tratarse de espacios verdes ocupados por la cancha de golf del mismo club».  

El expediente dio varias vueltas por las oficinas municipales. Pasó por Turismo y Economía, entre otras, hasta que regresó al Concejo donde no se quiso o no se pudo hacer nada hasta el momento; a pesar de que habría versiones de que varios funcionarios están trabajando para que esa eximición sea otorgada después de septiembre. 

Luego de que la nota llegara al municipio, los propietarios del emprendimiento no habrían pagado más los impuestos de esas parcelas y aguardarían por una respuesta. Esa decisión, habría generado una abultada deuda que hoy por hoy se mantiene. 

Hay varios aspectos, cuando menos, curiosos de esa situación. Uno de ellos tiene que ver que se trata del mismo country que sostiene una causa judicial desde hace más de 6 años, para evitar retirar los alambres que cercan el arroyo Los Paredones y que promociona como uno de sus atractivos más destacados de la cancha.

La causa judicial y la deuda no son datos menores, a la hora de que se tome una decisión al respecto, debido a que según se aclara por ordenanza, no podrán hacerse acreedores del beneficio de la eximición aquellos emprendimientos que tengan deuda con el municipio o que estén en proceso judicial de alguna índole. 

Foto Mi Valle

Los alambres

A pesar de que la jueza Graciela Cerini  falló en noviembre de 2017 y le otorgó al country 90 días para quitar los alambres, Potrerillo apeló la medida e interpuso varios escritos para evitar que esto suceda; cosa que sigue sucediendo hasta la actualidad.

Foto Mi Valle

El fallo: “Ordenar a la Provincia de Córdoba y tercera interesada Municipalidad de Alta Gracia, mediante la autoridad de aplicación, a determinar el uso público del arroyo en la parte afectada y tomar las medidas de control, seguridad, y protección necesarias para lograr la armonización de los intereses en juego, y a fin de la adecuación material y jurídica de los bienes afectados, ya sean de dominio público o privado, a cuyo fin otórgase a las partes un plazo de noventa (90) días a partir de la presente, debiendo mantenerse los cercados existentes, hasta la finalización de dicho plazo”.

Justamente fue durante la semana pasada que el municipio, como tercero interesado, contestó otra de las presentaciones al barrio privado, donde se le explica nuevamente que hay una orden judicial que trata el tema de fondo -con una decisión tomada, además, y que las formas, no están siendo otra que cosa que meras obstaculizaciones para seguir sosteniendo el alambre en un espacio público. 

Entre las argumentaciones, el country sostiene cuestiones que tienen que ver con la seguridad del lugar -entre otras cosas-, lo que «impediría» retirarlos. Mientras tanto, en su presentación oficial en las redes, el escrito que describe el sitio advierte: 

Sin dudas, nadie puede negar el peso turístico y deportivo que tiene el Potrerillo para la ciudad y la provincia, dado que su cancha está catalogada como una de las mejores del mundo. Pero esta realidad, visible y expuesta reiteradas veces, nada tiene que ver con las obligaciones tributarias que no se cumplen, con un pedido de eximición que es, cuando menos, cuestionable; y con una decisión de seguir obstaculizando el espacio público a pesar de ir en contra del Estado y de la Justicia. 

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