Redacción Alta Gracia- Desde el Observatorio de Discapacidad de Paravachasca manifestaron su preocupación por la baja en las pensiones por discapacidad que se realizan desde el Ministerio de Desarrollo de la Nación. No descartan realizar medidas de protesta. Comunicado del Observatorio

A partir del mes de junio el ministerio a cargo de Carolina Stanley profundizó el recorte en la pensión no contributiva por «invalidez». Además generó un fuerte repudio los dichos del presidente de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, Guillermo Badino, quien aseguró a Clarín que «una persona con síndrome de down no es sujeto de derecho de esta pensión. Puede trabajar si lo deseara, quizás le pueda caber la asignación universal por hijo”.

En el ámbito local, desde el Observatorio de Discapacidad están analizando los pasos a seguir en tanto que cuestionan esta medida. Miryam Flamand aseguró sentirse muy preocupada porque no sólo se quita un beneficio a una persona que no puede salir a trabajar, sino que además se quita la posibilidad de acceder a la salud. «Los que cobran la pensión están incluidos en el Programa Incluir Salud (que es un programa nacional) para poder realizarse los estudios y las rehabilitaciones que esa persona necesita. Si se dan de baja las pensiones qué hace la gente, a dónde recurre?»- se preguntó.

Comunicado del Observatorio

A la inversa  de la facilidad con la que funcionarios del Gobierno Nacional se expresan, se nos hace muy difícil esbozar algunas palabras para describir la indignación que nos produce escuchar semejantes declaraciones sobre Discapacidad y Pensiones.

Lamentamos tener que oír a las personas que tienen la responsabilidad de velar por los intereses y necesidades del pueblo expresarse con tanta liviandad, más aún teniendo en cuenta del tema crítico al cual están haciendo referencia.

Para los que todavía no se anoticiaron, el Gobierno Nacional decidió mediante un decreto dar de baja a las Pensiones Asistenciales por discapacidad, un beneficio que alcanza a casi 1,4 millones de personas, entre ellas hombres , mujeres , jóvenes , niños y ancianos con distintas discapacidades, que van a dejar de percibir quizás el sostén más importante de su economía y lo van a hacer en un contexto de recortes, ajustes, desempleo y subas de tarifas e inflación descontrolada en los productos básicos.

Repudiamos más aún los argumentos esgrimidos por los funcionarios para justificar tal insensible medida y citamos solo uno que creemos alcanza a los fines de la presente nota:

«Una persona con síndrome de Down no es sujeto de derecho de esta pensión. Puede trabajar si lo deseara, quizás le pueda caber la asignación Universal por hijo»

No existen motivos ni argumentos para justificar dichos como estos, que expresan por un lado y sin ningún pudor una extremada ignorancia acerca de una condición que sólo las personas que la padecen y sus familias podrían relatar, donde la realidad contradice esa ‘’facilidad para trabajar si lo desean’’, y por otro lado una falta de empatía, sensibilidad social y de conocimiento de la vida cotidiana de estos ciudadanos, que padecen a diario una lucha por sus derechos, por la accesibilidad, por la inclusión, por sostener a sus familias, que esta medida torna en inalcanzables los tratamientos y medicamentos a los que accedían, dejando a miles de familias desamparadas.

Repudiamos totalmente esta medida arbitraria, desmedida y discriminatoria, que sólo tiene en cuenta costos económicos y deja de lado las variables más importantes que debe tener en cuenta un Estado que son las personas.

Nos solidarizamos con todos y cada uno de los afectados.

Decreto de Menem

Las pensiones que fueron dadas de bajas, se realizaron «desempolvando» un decreto firmado por Carlos Menen en 1997. Sin embargo, desde los organismos que trabajan las cuestiones de discapacidad remarcan como un grave antecedente: “Es un agrave error lo que están haciendo, invocan a esa resolución que establece una ayuda asistencial solo en casos de “extrema indigencia”, lo que se contradice con tratados internacionales, leyes nacionales y sobre todo con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad que desde 2014 en Argentina tiene jerarquía constitucional, y reconoce que las personas con discapacidad son sujetos de derechos y no objetos de asistencialismo”, dijo a Clarín Gabriela Troiano, vicepresidenta de la Comisión de Discapacidad y diputada nacional por el partido Socialista, que presentará una demanda en la Defensoría del Pueblo.

No podrá tener una pensión por discapacidad:

– Aquel discapacitado cuyo tutor responsable, cónyuge o consanguíneo obligado perciba un ingreso equivalente a tres jubilaciones mínimas, es decir, de 19.200 pesos por mes. Esa suma se ajustará.

-Quienes tienen un bien a su nombre, como un auto. Independientemente que este sea indispensable para garantizar la movilidad del discapacitado.

– Aquella persona con discapacidad cuyo cónyuge cobre una pensión o jubilación, incluso la mínima de 6.377 pesos. Con este último monto, la norma a la que se ciñe Desarrollo Social considera que un discapacitado y su pareja pueden vivir sin caer en la pobreza.

Foto: Rosario.gov

 

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