Por Francisco Alvarez Barreiro- Las distintas catástrofes y eventos fortuitos que podrían poner al estado (Nacional, Provincial y Municipal), en riesgo de ser objeto de demandas penales y civiles, son y han sido llamativamente atenuados en los aspectos relativos a transparentar el verdadero alcance de las responsabilidades que le incumben a dicho estado en la prevención y control que podrían haber evitado o reducido el impacto de los mismos.

Presenciamos con estupor el impacto de fenómenos meteorológicos en ciudades como La Plata o la zona de Sierras Chicas en Córdoba, donde, casi con certeza, se oculta la información sobre las víctimas mortales, que son enterradas sin registrar su vinculación directa con las catástrofes.

Ocurre también en la investigación sobre el desastre provocado por la terrible explosión que desbastó el barrio de Alta Córdoba, cuando un depósito ilegal de productos químicos resultó afectado por un incendio que desató una explosión propia de un ataque con munición de guerra.

Por qué y cómo opera el estado sobre la justicia y los medios de comunicación para que la verdad quede oculta o atenuada frente a siniestros de una gravedad inusitada que claramente tienen al mismo estado, el estado de todos, como responsable primero de la gravedad de los mismos?

Digo responsable primero, porque es ese mismo estado el que, a través de todo su andamiaje institucional y político el que prescinde de regular, controlar y corregir el espacio público y hábitat de todos los ciudadanos por los que debería velar y a los que debería proteger.

Y el estado, que cuenta con abundante normativa jurídica y administrativa que debería ser aplicada y aplicable en la regulación de este espacio público, no es ni más ni menos que el resultado de una gestión, de funcionarios políticos y de carrera que deberían ser quienes ejecuten la ley que proteja y regule el desarrollo de actividades humanas que pudieran entrar en conflicto.

Son esos administradores de turno, los representantes del pueblo, de acuerdo a lo que establece nuestra Constitución, quienes, una vez ocurridos los desastres, operan sobre los distintos organismos del estado: Policía, Bomberos, Justicia, etc, y principalmente sobre el propio sistema privado de información pública, los medios masivos de información, para que la verdad, jamás salga a la luz.

La tan mentada libertad de prensa es fácilmente domesticada con una rica pauta publicitaria que subyuga y doblega al aparentemente, más poderoso y prístino medio de prensa.

No se puede explicar sino, la evidente complicidad de los medios masivos de comunicación para “canalizar” y “apagar” la indignación natural de los ciudadanos cuando una tragedia como los desbordes y crecidas de ríos serranos han arrastrado y sepultado en toneladas de lodo bienes y vidas de muchos más que los publicados 8 muertos…, o cuando una fiscal provincial, en particular Eve Flores, sindica como origen de la explosión que desbastó a Alta Córdoba, el «inadecuado almacenamiento en el lugar de sustancias inflamables”, agregando que las sustancias «eran combustibles, inflamables, tóxicas y corrosivas», y aseguró que la planta, en principio, no respetaba «las medidas básicas de seguridad»….

Los eufemismos y las faltas de precisiones no procuran sino diluir y difuminar las responsabilidades penales, primero, y civiles, después, tanto de los actores primarios de los siniestros (El propietario de Química Raponi, los propietarios de construcciones construidas sin planos o fuera de la norma), como de todos y cada uno de los inspectores, funcionarios, legisladores y grupos de interés que han hecho caso omiso y soslayado controles y puniciones preventivas, o directamente levantado restricciones para una construcción u otro desarrollo inmobiliario o el funcionamiento de un potencial polvorín en el medio de un populoso barrio.

Es la misma prensa, la que de manera sistemática estigmatiza expresiones populares como la que ocurrió en Malvinas Argentinas para evitar la implantación de la “demoníaca” Monsanto, o cuando se reclama el libre acceso a un recurso público como un arroyo o curso de agua.

Las consecuencias de la remisión del estado a un simple coto de caza de corruptos y mediocres termina siempre, tarde o temprano en enfermedad o muerte de los ciudadanos a quienes dicen representar, y no es sino a través de la acción directa, tan cuestionada por los mismos personajes, dónde, también con fuertes costos personales (recordando las mismas represiones del estado ausente), donde algunas veces se logran evitar claras situaciones de riesgo para la ciudadanía indefensa.

Nos acercamos a un nuevo proceso electoral, y nuevamente se apelará al ciudadano por su, aparentemente único valor para quienes esperan decirse “sus representantes”, el voto. Seamos capaces de escrutar en los antecedentes y conductas de cada partido y de cada candidato, participemos del clamor popular por la verdad, la justicia y la seguridad.

Exijamos a quienes comunican, que se abstengan de “vender” verdades de unos pocos, que, oh, sorpresa!, son los mismos que definen sus pautas mayoritarias.

Reclamemos por las verdaderas causas de nuestro pavor y sufrimiento, porque vayan presos los responsables de la desidia en los controles o los corruptos que votan una excepción edilicia, honremos a los muertos y a quienes han perdido sus bienes; castigando a los cómplices de los enjuagues inmobiliarios, quitemos las vendas de nuestros ojos para descubrir el verdadero impacto de nuestra confianza a verdaderos cuervos y corruptos de la política.

Las vidas perdidas y la paz robada deben ser fuente de reflexión al momento de avalar candidatos y gobernantes, y estigma de los responsables de haberlas evitado

 

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