Por Claudia Moreno– La Senadora Nacional por el Frente Cívico, Norma Morandini, presentó durante el año 2012 pedidos de informes sobre las obras de Restauración de la Iglesia de la Merced, envió notas diversos a organismo públicos explicando la situación en la que se encontraba el bien patrimonial e incluso llegó al Papa Francisco para informarlo y ponerlo al tanto. Redacción Alta Gracia le realizó una entrevista luego de conocerse que la Justicia Federal está investigando 

–  Ya que está en conocimiento que el Juzgado Federal está al frente de una investigación sobre los supuestos desmanejos que se suscitaron en torno a la restauración de la Iglesia de la Merced de Alta Gracia, qué opinión le merece?

Para cumplir con la función de control que le cabe a los legisladores existe un instrumento, que es el pedido de informes con el que el Poder Legislativo indaga y demanda explicaciones al Ejecutivo. Tal como hicimos con la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos, que es responsable de custodiar los bienes que integran el Patrimonio Nacional. Los periodistas trabajan con indicios, los legisladores tenemos inmunidad parlamentaria para investigar precisamente aquellos hechos que el ciudadano de a pie o el mismo periodista no puede acceder. Esta investigación judicial demuestra que la Comisión Nacional debía responder a nuestra requisitoria, que las advertencias de ciudadanos que nos advirtieron sobre los hechos merecían ser analizadas y que el Estado no debió desconocerlas.

 Sus pedidos de informes presentados en la Cámara de Senadores ¿cree que tuvieron que ver para que la Defensoría del Pueblo de la Nación tome el caso como un hecho que podría ser grave?

El oficialismo actual es renuente a aceptar el control que establece la Constitución sobre el Poder Ejecutivo. Los pedidos de informes siquiera son tratados, por eso debemos apelar al decreto de Acceso a la Información Pública, que invocamos para insistir con esos pedidos que no son otra cosa que obtener la información como derecho indispensable para el debate democrático. La luz pública es el mejor control de la ciudadanía sobre las acciones de los funcionarios. Es probable que a partir de esa información y porque hemos advertido irregularidades en el mismo sentido, la Defensoría del Pueblo de la Nación, con la que hemos coincidido en muchas otras acciones, haya actuado.

¿ Tuvo alguna respuesta del Papa Francisco a quien, según declaraciones a la prensa, le haría llegar la información de lo denunciado sobre la polémica restauración?

Una revista católica me pidió que le escribiera una carta al Papa Francisco. Al final de la carta, casi como una travesura le pedí que nos ayude a cuidar el acervo jesuítico de nuestra provincia. En realidad fue una forma de hacer pública, visible, lo que sucede en Alta Gracia y en otras partes de nuestra provincia con el legado jesuita que se declara Patrimonio de la Humanidad, pero después no se cumple con semejante responsabilidad. Lo mejor que podemos hacer por  nuestro Papa es, precisamente, proteger ese legado que forma parte de nuestra mejor identidad.

Cree que el gobierno de la provincia de Córdoba también es un actor responsable que debería ser convocado por la Fiscal ya que destinó, en sus comienzos, 3 millones de pesos para la fallida obra de restauración?

La investigación que hicimos reveló irregularidades en la gestión del Ministerio de Infraestructura provincial, que financió las obras, y de la actual Agencia Córdoba Cultura, que -por ley 12665- es responsable junto con la CNMMLH de la custodia de los bienes localizados en nuestro territorio. Ante esas dudas presentamos pedidos de acceso al conocimiento de los actos de gobierno, mecanismo que todos los cordobeses tenemos para interpelar al poder provincial y/o municipal, los que no fueron respondidos en ninguna ocasión por el Ministro Testa y que fueron respondidos parcial y vagamente por el Lic. Canedo.

 Qué expectativas tiene en relación a la causa?

Que se haga justicia. En este caso, el esclarecimiento, que no es otra cosa que señalar las responsabilidades sobre el delito cometido en relación al Patrimonio, porque al sentar un precedente se podrá inhibir las irresponsabilidades futuras, el que se actúe de manera liviana sobre lo que es de todos. El valor colectivo y patrimonial de un bien como la Iglesia de La Merced trasciende a la institución católica. Vale destacar la importancia de una ciudadanía atenta que ejerce sus derechos, obliga a sus legisladores a expresar esas demandas para que finalmente intervenga la Justicia y rompa con las cadenas de impunidad o la promiscuidad de los asuntos públicos con los intereses privados en desmedro de los ciudadanos.

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