Por Franco Del Rosso (abogado). Hace unas semanas, el Ejecutivo Municipal envió al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza a fin de realizar la expropiación de lotes baldío dentro del ejido de la ciudad bajo ciertos requisitos. ¿Qué es la expropiación? es ni más ni menos que la potestad o facultad del Estado Municipal, con atribuciones que le otorga la Constitución de la Provincia de Córdoba y la Ley Provincial 9384 de declarar de utilidad pública ciertos bienes para incorporarlos al dominio privado con el objetivo de cumplir ciertos fines.

En el caso puntual de la expropiación de terrenos baldíos, sería palear el flagelo de la tierra sin uso social para regularizar la situación dominial dándole la posibilidad a vecinos de la localidad a que la adquieran a un precio aún incierto, y con garantías de obtener la escritura de lo comprado también incierto y con el fin de que construyan una vivienda única, con requisitos y condiciones también inciertas aún.-

El interrogante que plantea la figura es el siguiente: si el Municipio expropia un lote, por el cual se determina un precio (entendiendo que será el avalúo fiscal del lote), y regulariza el dominio a nombre del municipio, primero “descontando” la deuda del terreno con más los gastos de la gestión. Luego los vende a un particular “a un precio no menor al que permita el recupero del precio de expropiación y mejoras realizadas para su reinserción en el entramado urbano” entiendo así, se debería aclarar esto último en cuanto a costos y montos-

Pero  más allá de ello; ¿qué ocurriría en el caso de que un titular registral, o heredero de ésta, o representantes de una persona jurídica dentro de un tiempo reclama la diferencia de precio entre el precio depositado por el Municipio por la expropiación y el valor comercial del terreno?.

Sin dudas estamos ante un conflicto que se dirimiría en la justicia, atento a que si bien es una facultad del Estado Municipal expropiar, también es lógico que se abone por el bien expropiado el valor de mercado, y no el avalúo fiscal, ya que se estaría “obligando a vender” una propiedad a su legítimo titular registral.-

El resultado del conflicto sin dudas es que la Municipalidad deberá pagar la diferencia reclamada, entonces es “expropiación y después qué”…

¿Quién pagará y será responsable? El Estado Municipal. De cuánto dinero estamos hablando? Habría que ver cuantos lotes hay en condiciones de ser expropiados, ver los avalúos fiscales, las deudas históricas que poseen y los avalúos comerciales de los mismos, ello nos dará una idea del riesgo o envergadura de la operación.

Sabido es que la Municipalidad paga sus gastos con los impuestos de los contribuyentes, así las cosas… ¿ante eventuales reclamos millonarios los pagaremos los contribuyentes de Alta Gracia?, la respuesta es si.-

La responsabilidad del político es no solo imaginarse una Ciudad con un resultado inmediato, sino de pensar en una Ciudad a 10 o a 20 años a futuro.

¿Hay otro modo de realizar una regularización de los dominios de los lotes? Si. El Estado Municipal puede ejecutar las deudas municipales históricas, mediante un apremio judicial y subastar el bien, garantizando la participación en la puja en el órgano natural, que es la justicia para que se adquiera el lote y los nuevos propietarios puedan ejercer allí plenamente el ejercicio de su derecho de propiedad con una sentencia judicial, que posee la misma fuerza de ley que una escritura.

Pero, ¿está haciendo esto el Municipio hoy por hoy? ¿Por qué elije el otro camino posible pero más problemático eventualmente que el natural, donde el adquirente en subasta puede salir con su título y la Municipalidad satisfecha con el pago de la deuda que posea el lote?.-

Hablar de expropiación entraña una gran responsabilidad a futuro, el tiempo dirá si el “después qué” justifica la medida.-

 *Abogado. (matrícula 1-36295)

Foto ilustrativa

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