Por Noelia Martín- A raíz de la decisión de liberar a cuatro imputados en la megacausa del Registro de Propiedad de la Provincia de Córdoba, una catarata de pedidos de liberación en casos de prisión preventiva enfrenta la Justicia local.  Unos veinte días atrás, el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba dispuso la liberación de cuatro personas que habían sido condenadas a  cuatro años y tres meses de prisión. Se trata de Ricardo Scoles, Rolando Buffa, Gabriel Loyo Fraire y Guillermo Piñeiro, quienes aguardaban en prisión la resolución de sus apelaciones. A partir de este hecho, el efecto dominó se trasladó a todas las dependencias de justicia y Alta Gracia no fue la excepción.

Se han realizado, en los últimos días varias presentaciones, tanto de los propios imputados que se encuentran privados de su libertad como también de sus abogados defensores, pedidos de recupero de libertad o cese de prisión preventiva fundados en el fallo antes mencionado.

En diálogo con REDACCIÓN ALTA GRACIA, el Fiscal Alejandro Peralta Otonello relató que a través del fallo conocido como “Loyo Fraire”, el Tribunal Superior de Justicia sentó algunos criterios puntuales para analizar caso por caso, si corresponde o no mantener las prisiones preventivas que se hubieran dispuesto o  en cambio, disponer los ceses de prisiones preventivas, teniendo en cuenta la peligrosidad del delito. “Es muy complicado porque hay que sopesar los dos derechos: la libertad de una persona pero también la tutela efectiva de una víctima que está del otro lado” afirmó el fiscal. Entre los pedidos se encuentra el caso de la familia Nóbile- cinco detenidos en la misma familia por distintos hechos- de Villa del Prado y varios casos de detenciones por robos calificados.

Gravedad del delito. En su resolución, el TSJ estableció criterios para la aplicación de la prisión preventiva en situaciones similares. Al respecto, la gravedad del delito no alcanzará para disponer la prisión preventiva. Para dictarla, deberá haber indicios concretos de peligrosidad procesal.

LA MEGACAUSA DEL REGISTRO DE PROPIEDAD

Cientos de denuncias, centenares de testigos, 33 juicios orales, más de sesenta expedientes distintos y audiencias eternas. Funcionarios, abogados, escribanos, magnates, corredores inmobiliarios y hasta un ex intendente involucrados. Se realizaron un centenar de  investigaciones entre 2003 y 2006. El primero de esos años, el titular del Registro era Jorge Belmaña Juárez, detenido con prisión preventiva y protagonista de un nuevo juicio que comenzó en los últimos días de diciembre de 2013.

Ricardo Scoles, ex intendente de Villa del Dique y ex legislador provincial, había sido condenado a cuatro años y tres meses de prisión en el juicio que repartió condenas para otros dieciséis acusados, entre los que había varios funcionarios del Registro. Ya son más de cien los condenados en los 33 juicios orales, en base a las más de trescientas operaciones investigadas por los fiscales de instrucción.

José Rodolfo Sabagh, uno de los empresarios inmobiliarios más importantes de la provincia -que en el juicio declaró poseer un patrimonio superior a los cuarenta millones de dólares- fue condenado a cinco años de prisión, que purga en su domicilio dada su avanzada edad. Es un condenado más entre los tantos que se hicieron de campos y terrenos valuados en varios millones de dólares. En varios casos, la operación terminaba con una compra millonaria de las tierras por parte del Ejecutivo provincial, aunque de esa rama de la megacausa aún no se conocen muchos detalles.

Jorge Petrone. También detenido dentro de la Megacausa,  Jorge Petrone- dueño de GAMA, empresa constructora- el lunes 18 de marzo pasado, consiguió la excarcelación (tras pagar una fianza de un millón de pesos) por la aplicación del nuevo criterio en materia de prisión preventiva ordenado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) a la Justicia provincial.

Petrone recuperó su libertad teniendo en cuenta que aún no está firme la condena por cinco años y medio que le impuso la Cámara 10º del Crimen de la ciudad de Córdoba. De esta manera, al no estar firme la resolución, el empresario podrá estar en libertad mientras se tramita el recurso planteado contra la sentencia que le impuso dicha pena.

Cabe recordar que fue sentenciado a cinco años y medio de prisión el pasado  10 de enero por el supuesto delito de falsedad ideológica continuada y usurpación en un campo de 63 hectáreas en la autopista Córdoba-Villa Carlos Paz, en el marco de la Megacausa del Registro de la Propiedad. Junto con él fueron condenadas otras cinco personas.

Fuentes: Cba24n, Día a Día e infojusnoticias.gov.ar

Foto: Noelia Martín

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