El fiscal federal Senestrari acusó a su colega de violar sus deberes como funcionario, al no conservar la escena del crimen. Los cruces de la Justicia Federal y la provincial, tras el estallido del “narcoescándalo”, sumaron ayer un nuevo capítulo en la ya tensa relación. Incluso algunos dejan entrever el efecto político de esta disputa. 

Quizás este nuevo episodio es uno de los más álgidos luego que la Corte Suprema de Justicia, a instancias de la Procuraduría General de la Nación, ordenara el cambio de competencia en la investigación por la muerte del oficial Juan Alós, un confuso hecho vinculado a los “narcopolicías” y que para el fiscal de instrucción de Alta Gracia, Emilio Drazzile, se tratraría de un suicidio.
Ahora, el fiscal federal Enrique Senestrari resolvió imputar del supuesto delito de “violación a los deberes de funcionario público” al su colega provincial Drazzile, en un hecho considerado insólito en la historia judicial cordobesa.
Ya lo había sido la intención de Drazzile de participar en las nuevas pesquisas por la muerte de Alós, que estará en manos de la Justicia Federal. Lo que finalmente la Cámara Federal de Apelaciones permitió con ciertas restricciones.
No obstante, ahora como imputado, tras la denuncia de la viuda del oficial muerto, Roxana Luna, el fiscal instructor de la Ciudad del Tajamar podrá intervenir e incluso nombrar perito de parte en el caso de la segunda autopsia.
La resolución judicial de Senestrari se conoció en la antesala de la difusión del supuesto quiebre de uncompañero de Alós en el programa periodístico ADN.
Supuestas irregularidades
Uno de los puntos más polémicos del trabajo del fiscal Drazzile durante la instrucción en el Fuero provincial, es la falta de conservación de la escena del crimen.
Convencido de que se trataba de un acto autodeterminado, el propio representante del Ministerio Público Fiscal admitió por entonces a la prensa, que en la madrugada del 7 de setiembre pasado, había apagado el motor y las luces del vehículo Renault Clio color rojo.
En su interior yacía el cuerpo sin vida, con un tiro en la cabeza, del oficial Alós.
Todo ese movimiento el fiscal lo habría hecho momentos antes que llegaran los peritos de la Policía Judicial, que al arribar ya encontraron una escena del crimen distinta a la que el primer policía observó al labrar el acta respectiva del macabro hallazgo.
Otro hecho extraño fueron la entrega inmediata del vehículo en cuestión a miembros de la cuestionada Dirección de Lucha contra el Narcotráfico de la Policía, que trasladaron el rodado en movimiento y no en una grúa además de lavarlo en forma inmediata quizás borrando trascendentes rastros para las pesquisas.
Por último, la destrucción de la ropa ensangrentada que utilizaba Alós en el momento de su muerte.
A pesar de los allanamientos de la Policía Federal en la sede de Policía Judicial y la Morgue no se halló ninguna indumentaria.
Cabe recordar que en otro hecho inédito, para desmentir todas estas presuntas irregularidades, la Fiscalía General de la Provincia y la Policía Judicial brindaron una conferencia de prensa en la que se mostró el trabajo pericial en el caso.

Fuente: La Mañana de Córdoba

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