Por Noelia Martín- En la sesión del Concejo Deliberante del miércoles 24 de junio, se leyó la carta de un vecino enojado con las autoridades locales ya que cuando intentó abonar la deuda de un terreno del cual es poseedor, le respondieron que se encontraba en la lista de lotes a expropiar. El concejal radical Brunengo pidió la palabra e increpó a la mayoría afirmando: «nosotros sabíamos que esto iba a pasar».

En la misiva, el abogado Horacio Antoniacomi, vecino de la ciudad, relataba su sorpresa cuando pidió la deuda del inmueble del que es propietario-ubicado sobre calle Pellegrini- y desde la oficina de Procuración se le informó que su lote se encontraba entre los terrenos que la municipalidad decidió expropiar.

Antoniacomi plantea en el escrito la inconstitucionalidad de las ordenanzas 9769 y 9868 y solicita a la municipalidad que se abstenga de aplicarlas, ya que no se trata de un inmueble abandonado, tiene la titularidad catastral desde hace cuarenta años atrás y el dueño se domicilia en la ciudad. Al finalizar la carta, el emisor anuncia: «hago reserva desde ya de iniciar las acciones judiciales civiles y / o penales a los fines de la protección de mis derechos».

Terminada la lectura de la carta, Roberto Brunengo de la UCR, pidió la palabra y se dirigió a la mayoría: «Nosotros habíamos advertido estas posibles situaciones, por eso necesitábamos un dictamen de la asesoría jurídica de la municipalidad antes de aprobar la ordenanza, para saber si era constitucional y evitar procesos judiciales». En relación al tema, Rodrigo Martínez de Encuentro por Alta Gracia, solicitó se revisen a futuro con mayor cuidado los expedientes.

Cabe recordar que en la sesión del pasado 29 de abril el edil Martínez había cuestionado duramente al Asesor Letrado del Municipio, Daniel Villar, por encontrar varias ordenanzas de expedientes sujetos a expropiación con irregularidades. En aquel  momento pidió la renuncia de Villar ya que es el responsables de asesorar jurídicamente al municipio en cuestiones técnicas que podrían – o no- derivar en juicios al erario público.

En aquel  momento y en diálogo con REDACCIÓN ALTA GRACIA Martínez expresó que  “creemos que se está llevando adelante con un procedimiento bastante reñido con la legalidad, en cuanto no está comprobada la utilidad pública de esos terrenos. Se va a despojar a un particular de un bien para que el Estado Municipal pueda re-venderlo a otro particular para que pueda hacer una vivienda”

En relación al pedido de renuncia del Asesor Letrado, Daniel Villar, Martínez expresó que la solicitud se basa en su mal desempeño a la hora de asesorar legalmente al municipio sobre estos temas lo que podría traer acarreado futuros juicios al Estado. LEER NOTA COMPLETA 

 

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