El equipo no pudo ser reparado en el servicio técnico oficial. Cuando la compradora reclamó que le sustituyeran el teléfono le dieron uno usado que tampoco funcionaba.

El titular del Juzgado de 35º Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, Mariano A. Díaz Villasuso, condenó a una empresa prestadora de servicios de telefonía móvil y a la firma fabricante/importadora de celulares a pagar a una usuaria 117.999 pesos, más intereses, en concepto de daño emergente, moral y punitivo.

La consumidora que formuló el planteo había adquirido un teléfono celular que presentó fallas que la obligaron a llevarlo al servicio técnico oficial del vendedor. Frente a la falta de una respuesta satisfactoria, realizó una denuncia ante la Dirección de Defensa del Consumidor. En dicha oportunidad, la compañía fabricante se comprometió a cambiar el equipo por uno “nuevo de iguales características”. Sin embargo, el nuevo equipo entregado no sólo era “usado”, sino que se encontraba “bloqueado” para ser utilizado en la red telefónica de la prestataria. Todo ello provocó que la afectada entablara, luego, una acción judicial.

En la sentencia, el magistrado señaló que, en virtud del artículo 40 de la Ley de Defensa del Consumidor (LDC) tanto el vendedor del celular como el proveedor del servicio de telefonía y el fabricante/importador del bien son solidariamente responsables ante el consumidor por el “vicio de la cosa”, que impedía su uso. En efecto, el magistrado remarcó que el esquema de protección instaurado por el estatuto del consumidor, aplicable al caso, “impone que las consecuencias dañosas deben ser afrontadas por todos los integrantes de la cadena de comercialización respecto de la venta de un producto fallado o defectuoso”.

Según el fallo, si bien la empresa encargada de prestar el servicio técnico no efectuó una reparación satisfactoria ni acreditó haber brindado información suficiente respecto a la causa del desperfecto del aparato, ello no es suficiente para imputarle responsabilidad, ya que se trata de un dependiente de la empresa vendedora o el fabricante. 

En consecuencia, se condenó a pagar el valor del celular que adquirió el consumidor –tope de gama- pero “conforme el precio actual en plaza de la cosa” (artículo 17, inciso “b”, de la LDC). El fallo explica que el art. 17 del decreto 1798/94 no era aplicable, ya que la norma reglamentaria desconoce o restringe irrazonablemente derechos que la ley reglamentada otorga. El juez agregó que, “obrar de otro modo, es decir, mandar a pagar sólo las sumas efectivamente abonadas y no la necesaria para que pueda hoy comprar idéntico celular al que adquiriera oportunamente y que no pudo utilizar, conduciría a que sea el consumidor quien deba absorber las fluctuaciones del precio del celular a pesar de los reiterados incumplimientos de los demandados”.

Por otro lado, se consideró procedente el daño moral, por la molestia que significa comprar un producto fallado y los menoscabos derivados de la pérdida de tiempo -y lógico disgusto- que debió insumir el consumidor para efectuar los reclamos a fin de lograr que el proveedor cumpliera aquello que estaba obligado por ley.

El juez Díaz Villasuso concluyó que correspondía también acoger el pedido de imposición de daños punitivos, teniendo en cuenta que las conductas desplegadas por los demandados “resultan suficientemente demostrativas de que se ha infringido deliberadamente el trato digno que merece todo consumidor (…), configurándose así un grave menosprecio o indiferencia hacia los derechos del consumidor, a pesar de que no se haya acreditado la incidencia colectiva de la conducta”.

En especial, se señaló que debía tenerse en consideración que haber incumplido injustificadamente con un acuerdo conciliatorio arribado voluntariamente por el proveedor en sede administrativa importa la verificación de un comportamiento doloso, con culpa grave.

En el momento de ponderar el monto del rubro, el magistrado tuvo especialmente en cuenta la conducta del proveedor, su particular situación, la malignidad de su comportamiento, el impacto social que la conducta sancionada tenga o pueda tener, el riesgo o amenaza para otros potenciales consumidores, el grado de inmoralidad de la conducta reprochada y el de desprecio por los derechos del consumidor afectado.

Finalmente, el Ministerio Público Fiscal solicitó la publicación de la sentencia referida.

Fuente e imagen: Prensa del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba

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