Por Claudia Moreno- Finalmente los ediles de Unión por Córdoba aprobaron la iniciativa de hacer una consulta popular en las elecciones del próximo 22 de octubre. El radicalismo exigió que los reclamos por discriminación en el reparto de fondos nacionales se hagan en el Congreso. 

Consulta popular

Como parte de la campaña electoral que está llevando adelante Unión por Córdoba para las elecciones legislativas de este año, los intendentes afines al gobierno provincial intentan implementar la consulta popular en sus territorios, con la única pregunta sobre si los ciudadanos están de acuerdo en que el Estado Nacional reparta los subsidios a los servicios públicos de manera equitativa.

Una pregunta un tanto obvia en su respuesta, porque cualquiera que estuviese en desacuerdo con esa premisa muy probablemente no viva en Argentina. De todos modos, es una herramienta de participación directa que pocas veces se utiliza.

La campaña electoral del oficialismo se está centrando básicamente en la dicotomía federalismo- centralismo para poner sobre el tapete la desigualdad que existe entre los habitantes de la provincia de Buenos Aires y del interior del país donde los costos de vida son visiblemente superiores.

Esta discusión no se generó en profundidad en el Concejo Deliberante donde hoy se trató el llamado a consulta popular pero sí tuvo la intervención del radicalismo que cuestionó que fueron los legisladores de Unión por Córdoba quienes ratificaron en el Congreso Nacional el reparto de esos fondos para el año 2017.

«No está dentro de las atribuciones ni del intendente ni del Concejo Deliberante hacer esta consulta (art. 162 Carta Orgánica) que el objetivo que tiene es llevar adelante una pregunta demagógica. La asignación de los subsidios se defienden en el Congreso Nacional, la defienden nuestros diputados y senadores», dijo el edil Roberto Brunengo quien adelantó que «seguramente (el llamado a consulta) será negado por la justicia electoral».

Por su parte, en diálogo con este medio, el viceintendente Juan Manuel Saieg expresó que si bien es cierto que esta discusión se debe realizar en el Congreso, también consideró importante que los diputados y senadores cordobeses lleven además el aval de los ciudadanos de Córdoba.

«La consulta popular no se va a hacer sólo en Alta Gracia, sino en más de 50 localidades de la provincia para que en el Congreso se discuta sobre la reducción de los subsidios alevosos que está teniendo la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Esto es lamentable en un país donde se dice federal», dijo Saieg.

Además el presidente del cuerpo confirmó que no se va a agregar otra pregunta sobre la realidad local. Una vez que se aprobó el proyecto de ordenanza la Justicia Electoral Nacional deberá hacer lugar o no a la consulta.

Interpelación al intendente Torres

La iniciativa surgió del bloque radical para que el mandatario local o sus secretarios respondan sobre la rotura de un caño maestro que mantuvo a la ciudad varios días sin agua.

El oficialismo en la voz de Mariano Agazzi argumentó que la interpelación no es necesaria en estos casos ya que se trabajó, junto a la prestataria del servicio, durante todos esos días además de que fueron informando sobre lo que iba aconteciendo y cuestionó el accionar de algunos quienes aprovecharon  la situación para reírse o hacer bromas.

Esa respuesta no convenció al bloque expositor:

 

 

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